inSurGente.- Después de organizar un proceso de criminalización social en el que participaron todos los partidos del “arco constitucional”, todos los poderes del estado, incluido el Tribunal Supremo, y todos los medios de comunicación; ante la creciente solidaridad que empezaba a trascender las fronteras del estado, el “bunker constitucional” se ve obligado a dar marcha atrás en la ilegalización de la candidatura Iniciativa Internacionalista-La solidaridad entre los Pueblos. La escandalosa “argumentación jurídica” del Gobierno y la Fiscalía del Estado, reafirmada por el Tribunal Supremo y cacareada o silenciada por todos los partidos políticos del “arco parlamentario” y por la totalidad de Falsimedia, no puede ser asumida por el Tribunal Constitucional. La posición antidemocrática de todos los poderes visibles, invisibles y camuflados del Estado; aparece ahora, con claridad meridiana como la expresión de un verdadero bunker del poder económicos de una oligarquía que ha corrompido el sistema hasta las raíces y lo han llevado a la quiebra. A pesar del escándalo político y jurídico que representa todo esto, el Gobierno reaccionará cerrando a cal y canto la difusión social de una candidatura que promueve una movilización democrática para iniciar un proceso constituyente que democratice radicalmente los poderes económico, social y político. El carácter antidemocrático y oligárquico del régimen se encubrirá silenciando este proceso y tratándolo como una anécdota sin importancia ¿Quién exigirá responsabilidades ante ese terrorismo antidemocrático que ha estado a punto de consumarse?.