Los profesores y profesoras universitarios que firmamos esta declaración lo hacemos porque tenemos la convicción de que la interpretación que se hace de la crisis y las medidas que se están tomando ante la grave situación que estamos viviendo no son las adecuadas para hacerle frente respetando principios elementales de la democracia y la justicia social.
Queremos que la ciudadanía entienda que esta crisis no es simplemente un hecho circunstancial, sino la expresión de un modo de vida y de organización de todo el sistema social y económico que es material y humanamente insostenible.
La crisis la ha provocado un sistema financiero concebido y regulado para que la principal fuente de beneficio de la banca y los poderes financieros sea la especulación. Por eso será imposible salir de la crisis como se quiere salir: sin cambiar las reglas del sistema financiero, sin acabar con los paraísos fiscales, sin vigilar y controlar a la bancos y dejando que sigan siendo ellos quienes impongan el modo de funcionar de la economía mundial. No podemos consentir que la ciudadanía que nada ha tenido que ver pague los platos rotos por los bancos.
La crisis ha tenido un efecto especialmente grave en nuestro país porque los gobiernos consolidaron en los últimos años un modelo económico basado en la construcción, en la explotación masiva e irracional de los recursos naturales y en la desigualdad y muy dependiente de los designios de las grandes corporaciones y burocracias europeas. No podremos salir de la crisis si se sigue incentivando el mismo tipo de actividad económica.
También estamos comprobando que la crisis hace evidente la fragilidad de nuestra democracia porque en lugar de la deliberación predomina la imposición y porque los poderes financieros y económicos se imponen continuamente a las instituciones representativas. Ceder a la extorsión de “los mercados” es debilitar aún más la democracia y así solo se saldrá de la crisis con menos bienestar y justicia. Se quiere hacer creer a la ciudadanía que las medidas que se están adoptando son las únicas posibles pero la experiencia de otros países nos permite afirmar que eso no es verdad y que cuando se adoptan solo conducen, como acaba de decir el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, “al desastre”. Sabemos, por el contrario, que hay otras salidas a la crisis mucho más eficaces y favorables para el bienestar.
El conocimiento de lo que está ocurriendo y el sentido común nos dicen que lo primero y principal es devolver el crédito a empresas y familias y que para ello es necesario que el Estado disponga de fuentes seguras de financiación. Es inmoral e inaceptable que el dinero que los poderes públicos dan a los bancos al 1% para que financien a la economía solo lo utilicen para comprar deuda pública al 5 o incluso al 10% o para seguir especulando. Por eso defendemos la banca pública que la crisis ha demostrado que es más necesaria que nunca.
Sabemos que la reforma laboral que se prepara solo con el propósito principal de debilitar el poder de negociación de los trabajadores no es lo que se necesita para crear empleo. Tratar de salir de la crisis reduciendo los salarios y las rentas de la mayoría de la población es como querer salir del hoyo tirándose de los pelos. Son esas rentas quienes mantienen el gasto que permite que la economía se mantenga en pie, de modo que reducirlas para aumentar los beneficios de los bancos y las grandes empresas (que en el primer trimestre de 2010 han aumentado un 25%) es la antesala de una larga y dolorosa depresión económica.
Sabemos que los recortes de gasto público que se proponen no son los más eficaces ni los más justos y que, en todo caso, hay otros que se podrían haber recortado primero, como los militares. Y sabemos que existen otros mecanismos de obtención de ingresos cuya carga no recae sobre los más desfavorecidos sino sobre aquellos que provocaron la crisis, o sobre los que disfrutan de ingresos o riqueza muy superiores a la mayoría de la población.
Quienes conocemos cómo funciona esta sociedad, la historia y la naturaleza de los auténticos poderes que toman las decisiones somos conscientes de la dificultad de tomar hoy día medidas diferentes a las que proponen la patronal y los grandes financieros. Pero la experiencia también nos enseña que cuando la ciudadanía se empodera y conoce bien lo que pasa a su alrededor es capaz de influir y de torcer las decisiones que le obligan a ir por los caminos que no desea transitar.
Por ello reclamamos también más debate y diálogo social para que la ciudadanía sepa lo que pasa, para que disponga de información plural y pueda optar y decidir con fundamento. Reclamamos, por tanto, que los medios de comunicación públicos cumplan con la tarea a la que están llamados y abran urgentemente debates sobre la crisis en los que no se difundan siempre las mismas ideas de quienes detentan el poder sino las diferentes concepciones y propuestas sobre lo que está ocurriendo y sobre la mejor forma de hacerle frente.
Con este convencimiento, nos comprometemos a contribuir con nuestra actividad universitaria para que la sociedad tome conciencia de que las medidas que se están adoptando NO PERMITIRÁN RESOLVER LA CRISIS porque solo se encaminan a facilitar que los de por sí más privilegiados obtengan más cómodamente sus enormes beneficios. Y, sobre todo, a aportar y difundir esas OTRAS FORMAS DE HACER FRENTE A LA CRISIS que respetan el bienestar y la justicia y que además son mucho más eficaces para combatir sus efectos tan negativas sobre la población más desfavorecida.
Como muestra de este compromiso suscribimos esta declaración que haremos pública próximamente para mostrar nuestro rechazo a las medidas que se vienen adoptando.
Sevilla, mayo de 2010.
Queremos que la ciudadanía entienda que esta crisis no es simplemente un hecho circunstancial, sino la expresión de un modo de vida y de organización de todo el sistema social y económico que es material y humanamente insostenible.
La crisis la ha provocado un sistema financiero concebido y regulado para que la principal fuente de beneficio de la banca y los poderes financieros sea la especulación. Por eso será imposible salir de la crisis como se quiere salir: sin cambiar las reglas del sistema financiero, sin acabar con los paraísos fiscales, sin vigilar y controlar a la bancos y dejando que sigan siendo ellos quienes impongan el modo de funcionar de la economía mundial. No podemos consentir que la ciudadanía que nada ha tenido que ver pague los platos rotos por los bancos.
La crisis ha tenido un efecto especialmente grave en nuestro país porque los gobiernos consolidaron en los últimos años un modelo económico basado en la construcción, en la explotación masiva e irracional de los recursos naturales y en la desigualdad y muy dependiente de los designios de las grandes corporaciones y burocracias europeas. No podremos salir de la crisis si se sigue incentivando el mismo tipo de actividad económica.
También estamos comprobando que la crisis hace evidente la fragilidad de nuestra democracia porque en lugar de la deliberación predomina la imposición y porque los poderes financieros y económicos se imponen continuamente a las instituciones representativas. Ceder a la extorsión de “los mercados” es debilitar aún más la democracia y así solo se saldrá de la crisis con menos bienestar y justicia. Se quiere hacer creer a la ciudadanía que las medidas que se están adoptando son las únicas posibles pero la experiencia de otros países nos permite afirmar que eso no es verdad y que cuando se adoptan solo conducen, como acaba de decir el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, “al desastre”. Sabemos, por el contrario, que hay otras salidas a la crisis mucho más eficaces y favorables para el bienestar.
El conocimiento de lo que está ocurriendo y el sentido común nos dicen que lo primero y principal es devolver el crédito a empresas y familias y que para ello es necesario que el Estado disponga de fuentes seguras de financiación. Es inmoral e inaceptable que el dinero que los poderes públicos dan a los bancos al 1% para que financien a la economía solo lo utilicen para comprar deuda pública al 5 o incluso al 10% o para seguir especulando. Por eso defendemos la banca pública que la crisis ha demostrado que es más necesaria que nunca.
Sabemos que la reforma laboral que se prepara solo con el propósito principal de debilitar el poder de negociación de los trabajadores no es lo que se necesita para crear empleo. Tratar de salir de la crisis reduciendo los salarios y las rentas de la mayoría de la población es como querer salir del hoyo tirándose de los pelos. Son esas rentas quienes mantienen el gasto que permite que la economía se mantenga en pie, de modo que reducirlas para aumentar los beneficios de los bancos y las grandes empresas (que en el primer trimestre de 2010 han aumentado un 25%) es la antesala de una larga y dolorosa depresión económica.
Sabemos que los recortes de gasto público que se proponen no son los más eficaces ni los más justos y que, en todo caso, hay otros que se podrían haber recortado primero, como los militares. Y sabemos que existen otros mecanismos de obtención de ingresos cuya carga no recae sobre los más desfavorecidos sino sobre aquellos que provocaron la crisis, o sobre los que disfrutan de ingresos o riqueza muy superiores a la mayoría de la población.
Quienes conocemos cómo funciona esta sociedad, la historia y la naturaleza de los auténticos poderes que toman las decisiones somos conscientes de la dificultad de tomar hoy día medidas diferentes a las que proponen la patronal y los grandes financieros. Pero la experiencia también nos enseña que cuando la ciudadanía se empodera y conoce bien lo que pasa a su alrededor es capaz de influir y de torcer las decisiones que le obligan a ir por los caminos que no desea transitar.
Por ello reclamamos también más debate y diálogo social para que la ciudadanía sepa lo que pasa, para que disponga de información plural y pueda optar y decidir con fundamento. Reclamamos, por tanto, que los medios de comunicación públicos cumplan con la tarea a la que están llamados y abran urgentemente debates sobre la crisis en los que no se difundan siempre las mismas ideas de quienes detentan el poder sino las diferentes concepciones y propuestas sobre lo que está ocurriendo y sobre la mejor forma de hacerle frente.
Con este convencimiento, nos comprometemos a contribuir con nuestra actividad universitaria para que la sociedad tome conciencia de que las medidas que se están adoptando NO PERMITIRÁN RESOLVER LA CRISIS porque solo se encaminan a facilitar que los de por sí más privilegiados obtengan más cómodamente sus enormes beneficios. Y, sobre todo, a aportar y difundir esas OTRAS FORMAS DE HACER FRENTE A LA CRISIS que respetan el bienestar y la justicia y que además son mucho más eficaces para combatir sus efectos tan negativas sobre la población más desfavorecida.
Como muestra de este compromiso suscribimos esta declaración que haremos pública próximamente para mostrar nuestro rechazo a las medidas que se vienen adoptando.
Sevilla, mayo de 2010.