Por Estanislao Rodriguez Cuenca
Quisiera creer que los hechos abajo expuestos no se hayan producido nunca y que me voy a despertar de una pesadilla nada agradable por cierto. Pero la realidad se empeña en demostrar que no. Lo digo por el caso de Esmeralda. una niña que ha sido brutalmente separada de su entorno familiar más directo el constituido por su Familia, Sara y David, dos personas con diversidad funcional intelectual y visual, dándosela a un centro en régimen de acogida. Entiendo que esa actitud que ha tenido la Junta de Andalucía y su administración de entrar engañando a la enfermera de un hospital y decirles a los padres que se la llevaban para hacerle una prueba pediátrica, es viva prueba de un desprecio por los mas elementales derechos. Y para mas INRI si cabe los de asuntos sociales se encargaron de protegerse las espaldas llevando consigo a la policía. Con el agravante de que al visitar Sara y David a los del Servicio de Protección de Menores, los funcionarios del mismo les dijeron que cuidado con lo que hacían. Esto no son modos de empezar con buen pie una Convención que está llamada a ser la primera ley de ámbito mundial que pone el dedo en la llaga en la ya larga lucha por los derechos individuales y colectivos de las personas con diversidad funcional siendo uno de ellos, el derecho a tener una familia propia y a que se les dé los medios necesarios para hacerlo. Nadie, ni el mismo estado puede arrebatar a una niña, conscientemente querida por sus padres, de los brazos de sus progenitores. Con medidas como estas quieren hacernos creer que se preocupan de los más débiles, pero la triste y machacona realidad es que lo que hacen es desatender los derechos humanos que tenemos los diversos funcionales a tener una vida lo más normal posible. También cabe preguntar con que derecho se arroga la Junta de Andalucía poderes que tienen que ser ejercidos en teoría por un juez. ¿Qué pasa? ¿También hay que explicarles como hay que llevar a la práctica la teoría de Montesquieu; la separación de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial)?
Creí que era un derecho constitucional que regula un deseo natural como es el fundar una familia. Creí que el estado español había firmado la Convención de la ONU sobre las personas con diversidad funcional que en uno de sus artículos apuntala ese derecho. Creí que las Administraciones Autonómicas eran más eficaces en la salvaguarda de los derechos de los derechos de los ciudadanos. Creí que estábamos en un estado de derecho donde el imperio de la ley se manifiesta protegiendo a sus ciudadanos; nunca despreciando a los que tienen más necesidad de protección social. Creí que la chulería y la mala educación por parte de la administración se habían alejado de nuestras administraciones y de nuestros funcionarios. Creí que el articulo 39 de la Constitución se respetaba. Creí que la Convención al ser una ley que da pie para respetar los derechos de las persona con diversidad funcional se aplicaría para colmar nuestros anhelos de libertad y de realización personal y colectiva………
Pero me equivocaba