Hace 32 años caía abatido en Almería a tiros por la guardia civil, el joven estudiante de biología, Javier Verdejo, militante andaluz de la JGR(Joven Guardia Roja), mientras realizaba una pintada que no terminó y que iba a llevar el lema de: Pan, Trabajo y Libertad.
Según la versión oficial de la guardia civil, fueron sorprendidos mientras realizaban la pintada, y tras salir corriendo y darles el alto, uno de los guardias civiles tropezó y se disparó su Z-62. La investigación posterior estuvo llena de irregularidades, por ejemplo, nunca se supo el análisis de la muestra de sangre que se encontró en la caseta de la playa donde fue tiroteado. El juzgado militar cerró el caso sin que se hubiera detenido a nadie.
La familia de Verdejo, relacionada con el mundo conservador almeriense(su padre fue alcalde en la etapa franquista), quiso impedir el homenaje popular.
Ese mismo día de los hechos cenaba muy cerca el ya “desmemoriado” y afamado demócrata por los plumíferos de la versión oficial de la historia, ex presidente del estado español, Adolfo Suárez. El Gobernador Civil, el ultraderechista García Calvo, no se inmutó y llevó a cabo una represión al día siguiente al ilegalizar los actos de solidaridad, deteniendo a diez militantes. Según recuerda la hija del militante socialista, José Tesoro, este recibió una advertencia del gobernador indicando: “A nadie le gusta lo que ha ocurrido, pero ya está hecho. El presidente Suárez está en la provincia y se va a imponer la calma. Lo mejor es que los líderes controlen a los militantes más jóvenes. Así que tonterías las justas”
Como mérito a su loable labor represiva, el gobierno del Partito Popular lo nombró miembro del Tribunal Constitucional, nunca fue perseguido por este acto terrorista que quedó impune, muriendo tranquilamente en la cama este año.
Desde jaleo queremos recoger el testigo de lucha y compromiso por el pueblo trabajador andaluz, por el que dio su vida, denunciamos el carácter hipócrita de la llamada Ley de Memoria Histórica que plantea su muerte solo en números, unos 135 mil euros de indemnización “muerto por la democracia” concepto que articula dicha ley entre el enero de1968 y octubre de 1977.
No se recogería, por tanto el asesinato del joven malagueño, García Caparrós, por parte de las fuerzas represivas en la manifestación por la autonomía andaluza. Del cual como suele ocurrir no hubo ningún condenado.
¡A 32 años de su asesinato, ni olvidamos ni perdonamos! Por la memoria de todos los antifascistas.