Cuatro meses después de que Gaspar Llamazares, en colaboración con Esther López Barceló, coordinadora del Área de Juventud de IU, registrara una pregunta parlamentaria para recabar todos los datos, el Ejecutivo socialista restringe su respuesta a reconocer que trata a estas jornadas como “acontecimiento de excepcional interés público” a los efectos de incentivos y exenciones fiscales para las empresas que den dinero.
El Gobierno ha eludido dar explicaciones a Izquierda Unida sobre cuánto dinero público le está costando ya y le va acostar el próximo año a las arcas del Estado su decidido apoyo a las ‘Jornadas Mundiales de Juventud 2011’ que organiza la Iglesia Católica -a las que está previsto que acuda el Papa- y si este elevado gasto para respaldar un encuentro religioso es compatible con la aconfesionalidad del Estado que señala la Constitución Española.
El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, registró el pasado mes de enero una pregunta parlamentaria, en colaboración con el trabajo realizado por el Área de Juventud de esta organización, que coordina Esther López Barceló, en la que inquiría si “¿Tiene previsto el Gobierno coadyuvar en la organización de este Encuentro?” y, si fuera así, “¿A cuánto ascendería la ayuda económica prevista? ¿En ejecución de qué partida de los Presupuestos Generales del Estado y de qué departamento ministerial? ¿A qué institución u organización no gubernamental ser asignarían las ayudas?”
En una respuesta por escrito recibida más de cuatro meses después, el Ejecutivo se limita a responder en un primer párrafo que “en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 se clasifica, en la Disposición Adicional Quincuagésima cuarta, a las Jornadas Mundiales de Juventud 2011 como acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de los dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2003, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.
IU tomó la iniciativa de recabar información del Gobierno por vía parlamentaria después de que la responsable del Área de Juventud denunciara que el Ejecutivo “sólo esté informando indirectamente y de forma parcial sobre su compromiso para financiar con dinero público buena parte del presupuesto de estas jornadas”. Según los datos oficiosos recabados hasta entonces, el Gobierno costearía este encuentro –que parece contar con un presupuesto total superior a los 25 millones de euros- permitiendo exenciones fiscales de hasta el 80% a las empresas que lo subvencionaran, además de otras ayudas directas por decidir.
Por ello, la pregunta parlamentaria de Llamazares se completaba inquiriendo también sobre si “¿Considera el Gobierno que una contribución de fondos públicos a una iniciativa eclesiástica y eventuales exenciones a empresas para un acto de este tipo es compatible con la definición aconfesional del Estado? ¿Considera el Gobierno que este tipo de ayuda es excesiva, habida cuenta de la ingente contribución económica que el Estado español asigna a la Iglesia Católica año tras año?”
Ante todo lo anterior, y en su segundo y último párrafo de respuesta, el Gobierno se limita a señalar que “no obstante, se indica que dentro de los PGE para 2010 no figuran partidas presupuestarias específicas con este objeto y, en relación con el año 2011, ejercicio para el que todavía no se ha iniciado el proceso de elaboración presupuestaria, no se dispone de datos ni previsión alguna al respecto”.
Esther López Barceló “rechaza totalmente” que en el actual contexto de crisis “el Ejecutivo dedique la más mínima cantidad de dinero a actos propagandísticos religiosos de este tipo, mientras en el día a día el Gabinete de Rodríguez Zapatero castiga a la juventud pese a ser uno de los sectores más débiles de la sociedad”.
Para la responsable de Juventud de IU, “no es de recibo que el Gobierno favorezca intereses privados, tanto empresariales como confesionales, utilizando los fondos del Estado para dar un trato de favor a la Iglesia. Desde el Área de Juventud de IU exigimos que estas jornadas no sean sufragadas con dinero público y que éste se destine a reorientar las medidas del ‘decretazo’ antisocial que atenta, además de contra los jóvenes, contra sectores que no son responsables de la grave crisis como los pensionistas y los trabajadores públicos”.
El máximo dirigente de IU manifestó su “completo apoyo” a la movilización convocada por los sindicatos para el próximo día 8 de los trabajadores del sector público “porque creemos que se está dando un ataque feroz contra lo público, un ataque feroz contra el Estado de bienestar, en definitiva, contra los logros más importantes de nuestra cultura social como la educación o la sanidad”.