El Ayuntamiento de Madrid ha advertido de posibles "problemas de orden público" si finalmente se celebra la anunciada procesión atea el próximo Jueves Santo por el centro de la capital. El Consistorio ha remitido a la Delegación del Gobierno un informe desfavorable y ha anunciado no la permitirá, aunque considera que la institución que tiene que prohibirla, por el tipo de convocatoria, es la propia Delegación. La denominada "primera procesión atea de Lavapiés" ha sido convocada por La Playa de Lavapiés junto con tras organizaciones y grupos de Madrid para el día 21, coincidiendo con las procesiones del Jueves Santo, con el objetivo de poner de relieve "la hipocresía social y moral que representa la Semana Santa católica".
El Ayuntamiento ha explicado que la Delegación del Gobierno ha comunicado a los convocantes y al Ayuntamiento que "no se considera competente para autorizar o denegar la celebración" de esta procesión, cuando según el Consistorio la convocatoria "se excluye del ámbito de la Ley Orgánica 5/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa". En su opinión se trata de ejercer el derecho a manifestación recogido en el artículo 21 de la Constitución, y desarrollado en la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, por lo que su autorización no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Delegación del Gobierno.
Así, el Consistorio sólo puede emitir un informe, basado en causas objetivas y motivado, que en este caso es "desfavorable" a la procesión porque puede "ocasionar problemas de orden público, por la concentración multitudinaria de miles de personas que acuden al Jueves Santo a las procesiones, la coincidencia con otros actos y las características del lugar solicitado". Ha precisado que el Ayuntamiento "no va a autorizar en ningún caso ninguna burla dirigida a la fe y las convicciones de los ciudadanos, ya sean católicos o de cualquier otra confesión", ya que Madrid "es una ciudad abierta, tolerante e integradora".
"Esta convocatoria queda fuera, por tanto, del espíritu de tolerancia que caracteriza Madrid, y si la Delegación del Gobierno rehuyera su responsabilidad (...) nosotros tendríamos que considerarla desde la valoración de su nula contribución al clima de respeto y concordia que los ciudadanos de Madrid merecen y que, en general, se esfuerzan en cultivar, lo cual no llevaría a denegar el uso del espacio público con estos fines espurios", ha concluido.